Desde el mes de marzo y con duración desconocida, la pandemia provocada por el COVID-19 se ha instalado en los países de América Latina, trastocando el funcionamiento de los hogares, las escuelas, las empresas, los gobiernos y todas las organizaciones de la sociedad civil. Ante esta crisis sanitaria de magnitudes insospechadas por las generaciones presentes, a nivel global los gobernantes se han situado en distintos puntos de la balanza que tiene, sobre un platillo, la vida de las personas, y sobre el otro, la economía. 

Ya con el foco puesto en nuestra región, debido a la mayor inestabilidad e informalidad de la economía que, en general, presentan los países latinoamericanos respecto de Europa o de Estados Unidos, podemos afirmar que -a medida que se prolongan las restricciones decretadas para lograr un aplanamiento de la curva de contagios- la dialéctica salud-economía se transforma, en especial para los sectores más vulnerables de la sociedad así como para amplios conglomerados de la clase media de naturaleza cuentapropista, en una única lucha por la subsistencia. 

Con grados de acierto que aún es prematuro evaluar, los gobiernos de la región procuran, según sus limitadas posibilidades presupuestarias, auxiliar a las capas más necesitadas para que puedan llegar a la otra orilla. Complementariamente, se solicita a los sectores mejor posicionados dentro del espectro socioeconómico que realicen su aporte solidario para atravesar la crisis con mayor equidad.  

El sector energético es uno de los ámbitos donde la pelea por la subsistencia,  tanto de los hogares como de las pequeñas empresas y comercios, se libra día a día. Por un lado, se procura aliviar la factura energética que pesa sobre las familias, mediante el establecimiento de subsidios para el pago de las tarifas o la posibilidad de modificar transitoriamente las condiciones de los contratos de suministro. Otra modalidad de ayuda consiste en obligar a las empresas de servicios a mantener el suministro a todos los consumidores, prohibiendo las interrupciones por falta de pago durante el tiempo que dure la emergencia.

Las decisiones adoptadas en Argentina durante las últimas semanas ilustran lo anterior. Mediante el Decreto N° 297 del 19 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional estableció para todo el país la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica. Entre las actividades exceptuadas de la “cuarentena” obligatoria, se incluyeron los servicios de agua, electricidad, gas y comunicaciones, así como la operación y el mantenimiento de yacimientos de petróleo y gas, y de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

En ese marco, el Decreto N^o 311/20 prohibió, por 180 días corridos, los cortes de los servicios que resultan centrales para el desarrollo de la vida diaria (y aún más en el estado de aislamiento), incluyendo el suministro de energía eléctrica, agua corriente, gas por redes, telefonía fija y móvil, internet y televisión por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital. La suspensión de los cortes sólo protege a (i) usuarios residenciales en situación de vulnerabilidad socioeconómica (personas que reciben la asignación universal por hijo o por embarazo; pensionados, jubilados y trabajadores con remuneración menor o igual a dos salarios mínimos; personas con seguro de desempleo; personal de casas particulares; electrodependientes); (ii) micro, pequeñas y medianas empresas; (iii) instituciones de salud; y (iv) entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos. Además, se ordena a las empresas prestadoras a otorgar a los usuarios y a las usuarias, planes de facilidades de pago para cancelar las deudas que se generen durante el plazo de vigencia de las medidas. Para el caso del gas envasado (GLP), se dispuso un congelamiento del precio por 180 días. 

Por reglamentación del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, en el caso de quienes tienen medidores prepagos de energía eléctrica, se instruyó a las concesionarias a que dispongan como mínimo una recarga equivalente a 150 kWh¹. De esta manera, además de descomprimir el peso sobre el ingreso familiar, se busca reducir la cantidad de ingresos a las plataformas virtuales o centrales telefónicas, para simplificar la gestión en tanto se han cerrado temporariamente todos los canales de acceso presencial.

En la primera fase de la “cuarentena”, las prestadoras de los servicios de electricidad y gas natural por redes informaron un descenso sin precedentes en sus niveles de recaudación². En un contexto de alto grado de protecciones y aislamiento, la falta de pago se debió no sólo a las dificultades económicas de los hogares, sino principalmente a la imposibilidad de muchos usuarios de aplicar sus medios de cancelación habituales, mediante dinero en efectivo, en entidades bancarias, oficinas comerciales y otros puntos de pago presencial. Se estima que los medios presenciales de cobro representan entre el 57% y el 84% de la recaudación total de las empresas³. 

A la caída en la recaudación de las prestadoras del servicio de distribución le siguió la ruptura en la cadena de pagos de la industria, en tanto las primeras dejaron de cumplir sus compromisos con los demás segmentos: transportistas y productores. Cuando los incumplimientos financieros llegan a afectar fuertemente al upstream, corre riesgo la seguridad de abastecimiento. De cara al invierno, este escenario deberá ser especialmente atendido por las autoridades nacionales, ya que por razones climáticas Argentina presenta importantes picos de consumo de gas residencial entre mayo y septiembre de cada año.

Durante la segunda mitad de abril, el nivel de recaudación de las empresas de servicios experimentó mejoras, debido fundamentalmente a la habilitación y difusión de diversos mecanismos de cobro online o telefónico. 

En el caso de los comercios e industrias, la falta de actividad y la consecuente disminución de sus ingresos también ha sido considerada por la autoridad regulatoria. Recientemente, el Ente Nacional Regulador del Gas ordenó el reintegro de montos sobrefacturados como consecuencia de la aplicación de mediciones estimadas (conforme a consumos anteriores)⁴ y que ya no reflejan lo realmente consumido por los clientes comerciales e industriales con actividades suspendidas o reducidas. Para usuarios no residenciales y para residenciales que recién se dan de alta en el servicio, se autorizó a tomar el estado del medidor bajo declaración jurada del cliente, la cual deberá ser recibida mediante aplicaciones informáticas a implementar por las empresas⁵.

En este sentido, como efecto del nuevo coronavirus, se ha acelerado la tendencia a la digitalización de los trámites y se ha depositado en los usuarios la confianza en que pueden administrar responsablemente sus declaraciones de consumo.  

No caben dudas de que -tanto en Argentina como en los demás países latinoamericanos- este es el momento de preservar la salud de toda la población y de garantizar el bienestar (o mitigar los padecimientos) de quienes enfrentan mayores dificultades para acceder y mantener los servicios esenciales que hacen a una vida digna. 

De todos modos, así como sobre la marcha se han aplicado medidas correctivas (habilitación de puntos de pago presenciales) o se han anticipado transformaciones que permiten una prestación más eficiente (digitalización, declaración de consumos por el usuario), resulta necesario planificar la salida de la emergencia y concertar con todos los actores la forma de asegurar durante esta transición la provisión del servicio esencial que es la energía, del cual dependen -en definitiva- los servicios sanitarios, las actividades económicas y la vida cotidiana de nuestros ciudadanos y ciudadanas. En el caso de los servicios por redes, los organismos reguladores están llamados a promover y conducir el diálogo multisectorial que permita acordar y atender, simultáneamente, el derecho de los usuarios y las usuarias a la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, y la preservación del sistema⁶. 

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 1 Conf. Resolución ENRE N° 10/2020.

2 En el caso de las empresas de gas, según datos presentados por la Asociación de Distribuidores de Gas (ADIGAS), en dos semanas (20 de marzo al 2 de abril), Camuzzi Gas Pampeana S.A. informó una disminución de la recaudación del 60%, Naturgy BAN S.A. registró una caída en sus ingresos del 75%, Camuzzi Gas del Sur S.A. 63%, Metrogas S.A. 70%, Distribuidora de Gas del Centro S.A. 69%, Distribuidora de Gas Cuyana S.A. 71%, Litoral Gas S.A. 66%, Gasnea S.A. 61% y Gasnor S.A. 71%.

3 Información publicada en www.enargas.gob.ar con referencia a las empresas distribuidoras de gas de Argentina. 

4 El Reglamento del Servicio de Distribución de Gas establece que, cuando por distintas circunstancias no se pueda acceder a la lectura del medidor, las licenciatarias podrán estimar la cantidad de gas suministrada y presentar una factura con consumo estimado. Salvo caso de fuerza mayor, no se admitirán más de 3) lecturas estimadas consecutivas, y tampoco más de 3 lecturas estimadas por año calendario, correspondientes al mismo medidor. Las estimaciones de consumo deben basarse sobre el promedio histórico de consumo del usuario para el mismo período de facturación de los últimos 2 años o en el consumo correspondiente a igual período del año anterior, si la historia de consumo del usuario fuera menor a 2 años.

 5 Conf. Resolución ENARGAS N^o 25/2020.

6 En el caso de ENARGAS, la Resolución 30/20 ha creado una Mesa de Trabajo del organismo regulador con las licenciatarias de distribución, a fin de contar con un canal de comunicación permanente entre las partes, con relación a (i) mecanismos de análisis de los contratos de compraventa de gas; (ii) mecanismos que permitan obtener tarifas justas y razonables; (iii) requerimientos particulares de cada prestadora para el suministro invernal; (iv) la prestación del servicio público de distribución en general.

 

*Las opiniones expresadas en el presente artículo corresponden a la valoración de su autor, por tanto, no representan una posición institucional de OLADE, ni constituyen una recomendación del organismo para la toma de decisiones. El autor se responsabiliza por la congruencia de los datos e información empleada en el análisis realizado.

El sector petrolero presenció este lunes 20 de abril un acontecimiento histórico. Por primera vez, los precios cotizaron con valores negativos por debajo de cero y el barril WTI terminó cerrando en -37 dólares. En términos económicos significa que los agentes del mercado que pretendían vender contratos de futuros de crudo, tienen la voluntad de pagar un precio para desprenderse de ese activo.

Actualmente se observa una drástica reducción de la demanda a niveles nunca vistos como consecuencia de la interrupción de la actividad económica a nivel internacional provocada por el coronavirus. El transporte público de muchos países, la suspensión de la aeronavegación comercial a nivel global, la caída de la demanda de energía en el sector industrial y comercial y las cuarentenas que mantienen a las familias en sus hogares son responsables de la caída de la demanda de combustibles observada. A medida que la pandemia avanza los pronósticos de los analistas se vuelven cada vez más pesimistas.  La IEA, en su último informe, estima que el mes de abril finalizará con una reducción en la demanda de 29 millones de barriles diarios.

El problema de fondo es que los recortes de la producción acordados por la OPEP representan solamente 10 millones de barriles para mayo y junio y, en un escenario optimista, podría ampliarse a unos 15 millones por la caída de la producción de aquellos países que no formaron parte del pacto entre las potencias petroleras, pero que terminarán afectados por un lógico efecto de mercado. Esta diferencia en la velocidad en la que cae la demanda respecto a la oferta, es lo que hace que los precios no sólo no hayan podido recuperarse tras el anuncio del organismo, sino que continúen en una profunda caída.

Sumado a ello, la capacidad de almacenamiento de crudo comienza a escasear. El 21 de abril están venciendo los contratos de futuro en Estados Unidos para el cierre de los contratos de petróleo para entrega en mayo y, como no existe la posibilidad de recibir crudo por parte de muchos operadores del mercado debido a la escasez de almacenamiento, quien tenga vigente un contrato de este tipo tendrá que respetarlo y hacerse cargo del crudo que le entregarán el próximo mes y, por lo tanto, estos agentes de mercado estarían dispuestos a desprenderse del mismo, por lo cual se observa esta construcción de precios negativos.

En un contexto donde los depósitos de almacenamiento están colmados estos contratos futuros no son viables y por lo tanto, no significa que el precio real del petróleo sea de -37 dólares, sino que es el resultado de una particular coyuntura del mercado.

Mientras que el WTI tuvo una caída del 306%, el Brent bajó un 8,9% para terminar operando a 25,5 dólares. A partir del 21 de abril se abren los contratos de junio que tienen otra perspectiva porque ahí empezaría a regir el recorte de la OPEP. Por lo tanto, el precio debería tender a estabilizarse. Un indicador en tal sentido es que los precios futuros a junio se encuentran en el rango de los 22 dólares por barril.

En los mercados de futuros este fenómeno se denomina “Super Contango” y es cuando los precios spot (precio del mercado de corto plazo) del activo es inferior al precio a futuro del mismo y este spread de precios no puede explicarse únicamente por los costos de almacenamiento o financieros, sino que actúan otros factores que inciden en un desequilibrio entre la oferta y la demanda.

Esta crisis sanitaria es quizás la más global que el planeta haya enfrentado y tendrá impactos económicos desastrosos. La economía mundial y en nuestra región se contraerá entre 2% y 5% con los consecuentes efectos en la pérdida masiva de puestos de trabajo que deteriorará de forma significativa el ingreso disponible de las familias. Esta panorama se agrava en América Latina por la relevancia que tienen sectores informales que dependen de un ingreso diario o semanal que hoy se ha visto interrumpido por las necesarias cuarentenas para controlar los efectos de la pandemia. Hay países que hasta el 70% del valor de su economía lo explican estos sectores informales que hoy no pueden desarrollarse.

No enfrentamos una crisis tradicional que responde a un ciclo económico, hoy se contrae la oferta y la demanda a la vez, y los circuitos productivos se han interrumpido en lo doméstico y a nivel global. Sectores de servicios se encuentran prácticamente paralizados, compañías de turismo, transporte aéreo, y logística valen un tercio o menos que antes de la crisis. Es decir, enfrentamos un momento excepcional en la historia de los últimos 100 años, no se parece ni a la crisis asiática de 1997, ni la subprime del 2008, por los que las medidas y soluciones deben ser también excepcionales y heterodoxas.

Esta crisis sanitaria como nunca nos devela que todas las decisiones tienen una doble cara. Frente al dilema, cuidado de la salud pública versus economía, parece razonable inclinarse por la primera durante la urgencia, sin embargo, no se debe descuidar del todo los impactos post-pandemia en la actividad económica para evitar que se convierta en otra crisis con consecuencias sociales inmanejables.

En este contexto, muchas actividades productivas sufrirán y el sector energía tendrá que ajustarse a una economía que se deprime, pero que a la vez requiere más que nunca la provisión del servicio de energía eléctrica en tiempo y calidad para sobrellevar adecuadamente nuevas formas de vida cotidiana, trabajo y estudio que millones de trabajadores, emprendedores, estudiantes ejercen su actividad desde sus hogares.

La electricidad es siempre un servicio escencial, pero la emergencia sanitaria global y las imágenes que vemos a diario estas últimas semanas nos recuerdan lo crucial que es la provisión de este servicio para el normal funcionamiento de nuestras vidas. El equipamiento en hospitales, la gente teletrabajando, comprando, vendiendo, impartiendo o recibiendo educación en sus casas serían simplemente imposible sin la continuidad de un suministro de calidad para garantizar estas actividades. Por ello, para los gobiernos y las empresas del sector, ésta debe ser una total prioridad.

Además, el sector eléctrico tiene un rol significativo para contribuir a aliviar las grandes complicaciones que hoy enfrentan millones de familias que no tienen ingresos, ni liquidez para afrontar esta crisis. La electricidad, es un servicio básico y debe estar garantizado. Los países en el mundo y en Latinoamérica en su mayoría lo entienden así y han tomado medidas en esta emergencia para asegurar el suministro e incluso, posponer su pago y aliviar en parte los efectos en las finanzas familiares de esta crisis. Otros, incluso han modificado transitoriamente regulaciones para congelar o rebajar tarifas industriales y contribuir a la competitividad de sectores económicos.

El carácter, la magnitud y temporalidad de estas medidas varían entre países. Mucho depende de la disposición política de los gobiernos de turno la prioridad que se la ha dado a estas medidas.

Por otra parte, en estas crisis también es relevante el arreglo económico-institucional del sector en cada país. En muchos países de América Latina, el Estado es dueño o participa de la propiedad de alguno o todos los segmentos del mercado eléctrico, en otros como Chile, la propiedad entera del sector, en todos sus segmentos, corresponde a empresas privadas, por lo que la regulación, en este caso, es aun más relevante y la variable clave para modelar y desarrollar el sector.

Por cierto, que las medidas aplicadas y sus efectos dependerán de razones estructurales en cada mercado. Hay que tener en consideración, en el diseño e implementación de estas medidas elementos como: consumo residencial versus industrial, precio de la electricidad y su significancia en la competitividad de la industria, y el peso relativo de este servicio en el costo de la canasta básica de consumo familiar.

En el siguiente Cuadro se incluye una muestra de medidas aplicadas por algunos países que van en el sentido de enfrentar la emergencia tomando en consideración las variables que se indicaron anteriormente.

Es probable que, en caso de extenderse la crisis, se profundicen estas u otras medidas, por lo que, algunas conclusiones preliminares son las siguientes:

Medidas similares y de corto plazo. Las medidas son en general parecidas y pretenden aliviar, tanto al consumo residencial, como industrial, el costo de este ítem durante la emergencia y la restricción de liquidez por las medidas de cuarentena.

Acciones de gobierno. Son las autoridades e entidades de gobierno que llevan la delantera en la aplicación de medidas, las empresas han sido reactivas y acotadas en sus decisiones.

Mantención del suministro. La mayoría de los países han aplicado medidas que garantizan la provisión del suministro para las personas más vulnerables económicamente, incluso en caso que no paguen las facturas estos meses de emergencia.

Préstamo y no exención. Más que congelar tarifas o eximir en el pago de las cuentas eléctricas, la mayoría de los países han optado por el diferimiento de su pago y prorrateo de esta deuda en diferentes plazos. Es decir, hasta ahora es un reprogramación del flujo de cajas de las empresas y préstamos del consumo eléctrico por estos meses.

El subsidio al consumo de energía eléctrica lo aplican principalmente aquellos países en los que el Estado tiene una importante participación en la propiedad y operación del sector y no ha sido hasta ahora el instrumento mayormente utilizado. Es probable que la emergencia sanitaria conlleve tales urgencias que los recursos públicos deban ser utilizados en otras acciones y programas.

Foco en consumo residencial. La mayoría de las medidas tiene foco en el consumo residencial y menos en el industrial, atendiendo más bien la urgencia de atender esta nueva realidad de millones de personas confinadas en sus casas.

 

*Las opiniones expresadas en el presente artículo corresponden a la valoración de su autor, por tanto, no representan una posición institucional de OLADE, ni constituyen una recomendación del organismo para la toma de decisiones. El autor se responsabiliza por la congruencia de los datos e información empleada en el análisis realizado.

Leonardo Beltrán es experto no residente del Instituto de las Américas y de la Universidad de Calgary; consultor del BID y OLADE; miembro de la Junta Directiva de Sustainable Energy for All y de Fundación Por México; y Ex Subsecretario de Planeación y Transición Energética en el Gobierno de México

El inicio de la década comienza con una tormenta perfecta. Se sumaron tres fuerzas que están obligando a cambiar la forma en cómo interactuamos con la naturaleza, entre nosotros y en cómo aprovechamos los recursos naturales. Por un lado, la fuerza de la naturaleza, está acelerando la frecuencia y la magnitud de los fenómenos meteorológicos que impactan en nuestra forma de vida. Por otro lado, la fuerza de la economía, en donde nuestra dependencia de los combustibles fósiles y la organización industrial de estos mercados, hace que la volatilidad de los precios afecten la actividad productiva global. Por el otro, la fuerza biológica, donde el surgimiento de nuevos virus, ocasionan pandemias, que por la fragilidad de nuestros sistemas de salud pública tienen consecuencias devastadoras.

El inicio de la década nos ha mostrado que tan frágil es nuestra sociedad ante la fuerza de la naturaleza. El año 2020 ha registrado récords en el impacto causado por desastres naturales, v.gr. los incendios en Australia, que devastaron millones de hectáreas que afectan no sólo la cadena de valor alimenticia, sino la biodiversidad y el impacto en la actividad económica; o las inundaciones en Indonesia, que ocasionaron el desplazamiento de cientos de miles de personas, destruyeron la infraestructura y la capacidad productiva de ese país; o los terremotos que golpearon a Puerto Rico, dejando a cientos de miles de personas sin acceso a electricidad, ni agua potable.

El 2020 también nos ha mostrado la fuerza de la economía, en particular, la vulnerabilidad del sistema de producción global y particularmente la de los países más petrolizados. Los precios en el mercado petrolero internacional se desplomaron a partir del 6 de marzo (la canasta de la OPEP cayó a menos de la mitad de su precio a inicios de año y acumula una pérdida de 68.6% al cierre del primer trimestre) cuando Rusia decidió no continuar con el acuerdo para reducir la producción de la OPEP+, Arabia Saudita reaccionó recortando el precio de su crudo y anunciando el aumento de su producción a máxima capacidad, y la OPEP señaló que eliminaría cualquier límite a la producción a partir de abril.[1]

En América Latina y el Caribe, los países más susceptibles frente a la volatilidad del mercado petrolero internacional son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Trinidad y Tobago, ya que tienen una gran dependencia de esta mercancía como fuente de sus ingresos públicos o por su política energética en materia de hidrocarburos. Entre 2012 y 2018, el precio promedio del West Texas Intermediate (WTI) cayó 31% (de 94.05 a 64.90 dólares por barril –dpb–) y el ingreso fiscal promedio por actividades de hidrocarburos en estos países se redujo más de la mitad, de 6.5% a 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB), aunque con un impacto diferenciado, en Brasil estos ingresos representaron 0.4% del PIB, mientras que en México fueron 3.8% del PIB.[2] En 2020, el precio promedio del WTI se ubicó en 44.82 dpb (una tercera parte del precio promedio del 2018), por lo que se espera que los ingresos fiscales en estos países se reduzcan aún más.

Este año también nos está mostrando los efectos de la fuerza biológica, que evidencia la debilidad de nuestros sistemas de salud. El año comenzó con la noticia sobre el surgimiento de un nuevo virus, COVID-19. Hasta el 7 de abril, la pandemia se había extendido a prácticamente todo el planeta, con 1,279,722 casos y 72,614 muertos y en América Latina y el Caribe ya hay 31,469 casos y 1,201 decesos.[3]

Mientras que en Estados Unidos de América, el país con mayor número de contagios en estos momentos, en donde se destina el 14% del PIB para gasto en salud y cuenta con 145.2 enfermeros por cada 10,000 habitantes, su sistema de salud pública está completamente rebasado ante la pandemia; en América Latina y el Caribe donde se gasta menos de una cuarta parte en salud (3.4% del PIB) y tiene una décima parte de los enfermeros (15.8 por cada 10,000 habitantes) ya están colapsando los sistemas.[4]

Sin embargo, ante un reto global la respuesta debe ser global. En estos momentos, donde todos los gobiernos están preparando una serie de medidas para mitigar los efectos de la tormenta perfecta y sobreponerse, sin duda, la cooperación internacional es el instrumento idóneo para coordinar esfuerzos y enfrentar la crisis. Ya que en la mayoría de los casos, las finanzas públicas también son frágiles.

En este sentido, los gobiernos de América Latina tienen muy poco margen de maniobra frente a la pandemia. Por un lado, la deuda pública de toda la región se ubica en 42.3% del PIB, lo cual limita su capacidad de adquirir nueva deuda, ya que entre mayor sea ésta, se eleva la probabilidad de no pago y adicionalmente el costo que representa el servicio de la deuda aumenta aún más, tan sólo en 2018 el pago de intereses representó 2.5% del PIB de la región. También es cierto, que algunos países son más vulnerables que otros, v.gr. en Brasil la deuda pública alcanzó 76.7% del PIB, mientras que en el otro extremo, en Paraguay la deuda pública fue 17.3% del PIB.[5] Por el otro lado, los países dependientes de los ingresos petroleros han visto reducciones importantes en sus ingresos provenientes de los recursos de hidrocarburos en los últimos años y se espera que éstos se reduzcan aún más por el rompimiento del acuerdo de la OPEP+ y el impacto del COVID-19, que ha reducido la demanda agregada global.

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de Naciones Unidas señaló que para mitigar los efectos de la pandemia, “la región no tiene otra opción estratégica que avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible a través de una mayor integración”.[6]

En materia energética, sin duda, ante la tormenta perfecta, integración energética. En este sentido, los gobiernos de América Latina y el Caribe, con el apoyo de las organizaciones técnicas y políticas de la región (Organización Latinoamericana de Energía, Comisión de Integración Energética Regional y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas) podrían negociar la firma de un tratado de integración energética e impulso a las energías renovables. Para financiar la integración de la región e impulso a las energías renovables, las organizaciones financieras internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco Centroamericano de Integración Energética) podrían consolidar el fondo de integración regional.

El Tratado podría incluir un compromiso para que los firmantes integren sus sistemas energéticos a más tardar en 2025 y a partir de ese año, sólo se construyan plantas de generación eléctrica a partir de energías renovables en la jurisdicción de los firmantes. Los organismos financieros internacionales podrían contribuir con el apoyo técnico necesario para desarrollar el plan de integración y aportar en pari-passu hasta el 15% de la participación directa (equity) en el portafolio nacional con una contribución equivalente del gobierno nacional, así como líneas de crédito preferencial hasta por el 35% del costo del portafolio regional y el sector privado podría contribuir con el 35% de la inversión.

La integración en la región permitiría consolidar un mercado de 635 millones de personas, altamente urbanizado (8 de cada 10 latinoamericanos viven en ciudades), donde el 28% del PIB lo explican la construcción, la electricidad, la manufactura y la minería, todas éstas actividades con una alta necesidad de energía que generaría los incentivos económicos para atender ese mercado. El compromiso por aumentar la participación de las energías renovables permitiría reducir la participación de los combustibles fósiles progresivamente, reduciendo la huella ambiental de la región y contribuyendo a este nuevo modelo de desarrollo más sustentable. A aquellos países con gran dependencia de los ingresos fiscales de hidrocarburos, el acceso a los instrumentos financieros dispuestos por el Tratado, les permitiría mitigar sus impactos al poder participar en un mercado consolidado mucho más grande y acelerar su reconversión hacia productos más sustentables. A los organismos financieros internacionales les permitiría tener un portafolio estratégico con riesgo mínimo, por la consolidación de esta estrategia regional y con proyectos altamente rentables en términos ambientales, energéticos, económicos y sociales. De esta manera, una alternativa clara para salir fortalecidos como región de la tormenta perfecta, sería la integración energética.

 

[1] OPEC+ se refiere a los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y los países productores de petróleo no miembros de la OPEP que firmaron una declaración de cooperación para estabilizar el mercado petrolero internacional en diciembre de 2016.

[2] OECD et al. (2019), Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2019, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/25666b8d-en-es.

[3] World Health Organization. “Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report 78”, 7 de abril de 2020

[4] Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019

[5] Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Fiscal Panorama of Latin America and the Caribbean, 2019 (LC/PUB.2019/8-P), Santiago, 2019.

[6] NU.CEPAL, América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19: efectos económicos y sociales, Informe Especial COVID-19, No. 1, Santiago, 2020. Disponible en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45337/S2000264_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y

*Las opiniones expresadas en el presente artículo corresponden a la valoración de su autor, por tanto, no representan una posición institucional de OLADE, ni constituyen una recomendación del organismo para la toma de decisiones. El autor se responsabiliza por la congruencia de los datos e información empleada en el análisis realizado.

No son pocas las oportunidades cuando veo que América Latina y el Caribe es considerada como una región única y homogénea que representa una parte, en general pequeña, de alguna variables económica, energética o social. Nada más alejado de la realidad. La región es rica en matices culturales, económicos, sociales e inclusive de lenguaje. Los llamados modismos en nuestros países modifican el castellano de tal forma que no resulta extraño (y realmente es divertido) acudir a intérpretes locales para entender algunas (o muchas) palabras propias del lugar.

El sector hidrocarburos no es ajeno a esta realidad heterogénea. En América Latina y el Caribe conviven países exportadores, importadores e incluso exportadores e importadores simultáneamente de petróleo, derivados y gas natural. En simple, no todos somos grandes potencias energéticas como Brasil, México y Venezuela.

En este contexto, el objetivo del presente artículo es presentar algunas estimaciones estadísticas[1] respecto al impacto sobre las exportaciones e importaciones de hidrocarburos, de los menores precios internacionales del petróleo observados el primer trimestre del año 2020. En particular, interesa conocer la variación en las exportaciones netas de estos productos contextualizada en la realidad económica de cada país. Puesto que tiene países productores y países importadores de petróleo, derivados y gas natural; caídas en los precios del petróleo empeoran la balanza comercial de los países productores y, la mejoran, en el caso de los países importadores

La siguiente tabla presenta cómo varían las exportaciones netas de hidrocarburos en América Latina y el Caribe[2] bajo dos escenarios de precios[3]: 30 USD/Barril y 40 USD/Barril.[4] En un escenario de 40 USD/Barril el valor de las exportaciones disminuye en un valor equivalente al 0.69% del PIB, por otra parte, el valor de las importaciones también disminuye en 0.48% del PIB. El efecto neto sobre las exportaciones netas[5] es una caída de 0.21% del PIB de la región. En otras palabras, la pérdida en el valor de las exportaciones de los países exportadores es 0.69% y el ahorro de la llamada “factura petrolera” de los países importadores es igual a 0.48%; en el neto, la región pierde recursos en una cifra equivalente al 0.21% del PIB. En un escenario de precios del 30 USD/Barril esta pérdida se incrementa a 0.35%.

Dado que en la región existen países productores e importadores, a continuación, se presenta el resultado final[6] de cada uno de los países considerados en este análisis. La Figura 1 presenta la variación en el valor de las exportaciones netas de hidrocarburos en el escenario de precios de 40 USD/Barril. Tal como se aprecia, gran parte de los países resultan beneficiados con menores precios internacionales del petróleo, dado que sus importaciones ahora son “más baratas”. Por otra parte, solo Brasil, Surinam, Colombia, Ecuador, Bolivia, Trinidad y Tobago y Venezuela experimentan un impacto negativo debido a un precio de USD/Barril 40.[7]

La Figura 2 presenta la situación en la región bajo un escenario de precios de USD/Barril 30. Se observa que la segmentación de países no cambia, lo único distinto es la magnitud del impacto. Por ejemplo, en Jamaica el ahorro ahora es de 2.8% del PIB, mientras que en el escenario anterior era de 1.7% del PIB; por otra parte, en Venezuela el impacto negativo se incrementa de 8.1% a 13.5% del PIB.

La gran heterogeneidad de la región se refleja en las cifras presentadas. A nivel general, menores precios internacionales del petróleo significan una caída en las exportaciones netas de hidrocarburos entre 0.21% y 0.35% del PIB; sugiriendo que América Latina y el Caribe saldrá con saldo desfavorable con la turbulencia en los precios internacionales del petróleo durante el año 2020. Sin embargo, de los 26 países considerados, solo 7 se verán desfavorecidos los restantes 19 tendrán un saldo a favor. Ello, ciertamente, cambia la percepción de nuestra región.

No son tiempos fáciles. Una pandemia azota al mundo y el sector energético no es ajeno a ello. Caída en la demanda y problemas de almacenamiento de la producción sugieren que, el análisis realizado en este artículo debe ser ampliado más allá del impacto en los precios del petróleo sobre la balanza comercial. Nuestra capacidad de resiliencia está siendo probada, dependerá del esfuerzo colectivo e individual para alcanzar mejores días.

 

[1] Todas ellas tienen como fuente las bases de datos estadística de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

[2] Los países considerados son: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

[3] Para el año 2020.

[4] Una copia de la base de datos utilizada puede ser solicitada a mm@mmedinaceli.com 

[5] Menos recursos por exportaciones y ahorro por el lado de las importaciones.

[6] Valor de las exportaciones de petróleo, derivados y gas natural menos valor de las importaciones de los mismos productos.

[7] El escenario base es de USD/Barril 55.

 

*Las opiniones expresadas en el presente artículo corresponden a la valoración de su autor, por tanto, no representan una posición institucional de OLADE, ni constituyen una recomendación del organismo para la toma de decisiones. El autor se responsabiliza por la congruencia de los datos e información empleada en el análisis realizado.